Evaluación de imputabilidad

La inimputabilidad no es un “perdón” ni un tecnicismo para evadir la justicia; es una condición jurídica basada en un estado de salud mental. Significa que, debido a una insuficiencia de las facultades mentales, una alteración morbosa (enfermedad) o un estado de inconsciencia, la persona no pudo comprender la criminalidad de su acto o dirigir sus acciones en ese momento preciso.

Si se declara la inimputabilidad, la persona no recibe una pena de prisión (castigo), pero puede ser objeto de una Medida de Seguridad Curativa. Esto implica que, si representa un riesgo para sí o para terceros, podría ser internada en una institución de salud mental hasta que cese dicha peligrosidad, lo cual es un proceso distinto al cumplimiento de una condena carcelaria.

El Perito de Parte es los “ojos técnicos” de la defensa (o de la querella) dentro de la evaluación psicológica/psiquiátrica. Su función es controlar que la pericia oficial se realice bajo estándares científicos adecuados, evitando sesgos o evaluaciones superficiales (“entrevistas de 10 minutos”).

Además, el Perito de Parte tiene derecho a presentar su propio dictamen (Disidencia), el cual tiene el mismo valor probatorio que el oficial. Esto le da al Juez otra perspectiva científica fundada para tomar su decisión, evitando que quede atado a una única opinión oficial que podría ser errónea o incompleta.

Es un tema complejo que requiere evaluación caso a caso. Generalmente, la intoxicación voluntaria no exime de pena (teoría de la actio libera in causa). Sin embargo, existen situaciones donde el consumo crónico ha generado un deterioro cerebral permanente o una psicosis tóxica que altera el juicio de realidad de forma base.

Nuestra tarea es diferenciar, mediante testeo neuropsicológico y clínico, si hubo una simple borrachera (imputable) o si existe una patología de base o un cuadro de intoxicación plena e involuntaria que anuló la conciencia al momento del hecho.

Sí. Nos trasladamos a Unidades Penitenciarias, Alcaidías o Comisarías en todo el país para realizar las evaluaciones. Entendemos la urgencia y las condiciones de detención.

Realizar la evaluación en el lugar de detención es vital para obtener un perfil psicológico inmediato, antes de que el paso del tiempo o la “prisionalización” alteren el estado mental original del imputado. Coordinamos con el abogado defensor para gestionar los permisos de ingreso correspondientes.

Esta es la mayor ventaja de contratar un Informe Preliminar de Parte. Toda evaluación privada está protegida por el secreto profesional y el privilegio abogado-cliente.

Si al evaluar al imputado detectamos que no existen criterios de inimputabilidad o que un informe psicológico podría ser contraproducente para la estrategia de defensa, usted tiene la total libertad de no presentar dicho informe. Nosotros le daremos nuestra opinión técnica honesta (aunque sea desfavorable) en privado, para que usted y su abogado decidan la mejor estrategia sin exponerse ante el juzgado.

La emoción violenta es un estado atenuante (reduce la pena) donde una conmoción anímica brusca reduce los frenos inhibitorios. No es locura, es una reacción emocional extrema.

Para probarla pericialmente, debemos reconstruir la personalidad previa del sujeto, el detonante externo (estímulo) y la inmediatez de la reacción. Utilizamos tests proyectivos y entrevistas profundas para demostrar que no hubo frialdad ni planificación, sino un desborde emocional reactivo que limitó la capacidad de reflexión en ese instante.

Dada la sensibilidad y los plazos procesales estrictos del fuero penal, recomendamos contactarnos inmediatamente vía WhatsApp. Lo ideal es que la consulta inicial la realice el abogado defensor o un familiar directo con conocimiento de la causa.

Necesitaremos saber la carátula de la causa, la situación procesal (detenido o en libertad) y la ubicación geográfica. Con esos datos, emitiremos un presupuesto formal y planificaremos la intervención pericial con la celeridad que el caso amerita.