Cuánto gana un perito psicólogo en Argentina

Una pregunta lógica, sin una respuesta única

Es una de las primeras dudas que aparece, tanto en quien está evaluando si dedicarse a la práctica pericial como en quien necesita contratar un perito y quiere entender qué presupuesto manejar. Y la respuesta honesta es que no existe una cifra fija: los honorarios de un perito psicólogo en Argentina varían según varios factores concretos, no según una tabla pública que aplique igual para todos los casos.

Entender qué factores influyen ayuda a tener expectativas realistas, tanto si estás por contratar un perito como si estás evaluando empezar a ejercer esta práctica vos mismo.

La diferencia entre cobrar como perito oficial y como perito de parte

Cuando actuás como perito de parte, el honorario se acuerda directamente con quien te contrata, generalmente por adelantado y con un presupuesto claro desde el inicio. Cuando actuás como perito oficial —designado por sorteo—, el cobro sigue un camino distinto: se regula judicialmente al final del proceso, según pautas que varía cada jurisdicción, y a veces con demoras considerables hasta efectivizarse. Esa diferencia en la previsibilidad del cobro es, para muchos psicólogos, una de las razones por las que la práctica como perito de parte resulta más atractiva económicamente.

Qué dice la ley sobre los honorarios periciales

Aunque no existe una tarifa fija aplicable a todos los casos, sí hay un marco legal de referencia para la Justicia nacional y federal: la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia (2018) establece, en su artículo 21, que en los procesos con contenido patrimonial los auxiliares de la justicia —incluidos los peritos— perciben honorarios de entre el 5% y el 10% del monto del pleito, porcentaje que el juez puede elevar en casos de trabajo excepcionalmente complejo. Para causas sin contenido patrimonial (como buena parte de las pericias psicológicas en el fuero de familia o penal), la ley fija un mínimo de referencia expresado en UMA (Unidad de Medida Arancelaria, un valor que se actualiza periódicamente).

Este esquema aplica a los peritos oficiales, cuyo honorario regula el juez al final del proceso según estas pautas. Cada provincia tiene su propia ley arancelaria para la Justicia local —los tribunales provinciales no se rigen por la Ley 27.423, que es de alcance nacional y federal—, por lo que los porcentajes exactos pueden variar según la jurisdicción donde tramite la causa. El perito de parte, en cambio, no está sujeto a esta escala: su honorario se pacta libremente con quien lo contrata, sin intervención judicial en la fijación del monto.